Caracas, 9 de diciembre de 2016

 

 

 

La forma en como actúa la SUNDDE me recuerda a aquel bully de colegio. Quien sin argumento alguno, sin interesarse por el bienestar del afectado, sin consultar (o cuestionarse) su actuación, ataca impulsivamente en lo que parece ser un acto digno de un perro rabioso.

En los videos, de los funcionarios de la Superintendencia (que se jactan de autograbar y en donde, por cierto, figura casi siempre su Director) se aprecia el pleno modus operandi que debería de indignar a todos los venezolanos. La forma grosera (y grotesca) en que irrumpen a la propiedad privada y ordenan, con una preponderancia despótica, una reducción inmediata de los precios, atenta contra cualquier principio de libertad personal. Violan, a diestra y siniestra, múltiples derechos personales y amenaza con prisión a quienes no le hagan caso automático.

No es posible que el Estado se permita este tipo de actuaciones.

Lo peor de todo esto, es la terrible sensación por parte del afectado, quien no sabe a quien acudir por ayuda, puesto el único que podría brindarle justicia es a este hooligan que lo anda amonestando; imagínense ustedes que el bully del colegio sea el mismo Director. Es por ello, que los comerciantes (en su mayoría pequeños), asustados, tienen solo dos opciones. La primera, atender a las exigencias ridículas del funcionario; que no responden ni se adaptan a ninguna situación económica real (reducción inmediato del 50%, sin evaluación previa; cuando la tendencia ha sido sólo progresiva y no regresiva). La segunda, tratar de argumentar y mostrar la contabilidad para justificar los precios de los productos. Sin embargo, ante esto, sólo queda la poca disposición (y mucha predisposición) por parte del organismo ya que sólo busca que se acaten órdenes, sin permitir reproche alguno. Es decir, seguir las órdenes injustas de “El General” o atenerse a que te esposen por querer ejercer el comercio en tu país.

No sólo se violan múltiples derechos, sino que a todo se le debe de sumar la grosería en como se lleva a cabo la situación. Violentan el lugar (abierto o cerrado) cuyos dueños se reservan el derecho de admisión (1). Lo hacen grabando el hecho, cuyos derechos de la personalidad moral lo prohíbe (2). Ordenan reducir precios a la mitad, sin querer escuchar (ni mirarle le cara, ya que pareciera que ni eso se merecen) a los trabajadores que se encuentran en la tienda (3). Y se llevan esposados a quienes no acaten la orden de manera ipso facto, puesto la escena del crimen se dio in fraganti por lo que no se requiere de una orden judicial para detener al sospechoso. Ojalá nuestro sistema judicial fuera tan eficiente como este “Leviathan”, quien posee un crisol de potestas de todos los demás Poderes y ejercidas con una impunidad envidiable por cualquier déspota.

No es posible que el Estado se permita este tipo de actuaciones. No es posible que la SUNDDE siga aplicando “mini dakazos” por doquier. Sofocando a aquellos pequeños negocios que no reciben nada del Estado y tratan de sobrevivir en esta economía de guerra. Basta ya de esta Superintendencia, hay que desmantelarla de una vez. Ningún Estado serio puede darse el lujo de tener a tan oscura institución. Uno de los pasos para salir de la crisis ha de ser la desaparición de ella.

Lo que algunos creímos que estaba desmantelado, despierta en momentos clave. Cada vez que nos acercamos a alguna festividad de importancia (sea electorera, religiosa o folklórica), el gobierno lanza a su perro rabioso, para que genere una una gran fiesta pasajera, que luego nos arroja una factura que nunca dejamos de pagar.

 

Nelson Totesaut Rangel

@NelsonTRangel

ntotesaut@sincuento.com