Caracas, 13 de enero de 2019
El “cierre del gobierno” (en inglés, “government shutdown”) es de esas peculiaridades propias del sistema descentralizado de la política estadounidense. Si bien no es algo común -y, más bien, extraordinario- desde el año 1976 ha ocurrido unas 19 veces. Sin embargo, pocas han durado tanto como la actual. La cual inició el 22 de diciembre de 2018 y, para la fecha en que escribo este artículo, sigue vigente. De hecho, si continúa así, Trump romperá otro de sus negativos récords, habiendo cerrado el gobierno por más días en la historia de ese país.
El motivo del cierre es el más absurdo, pero también el más evidente: la negativa demócrata para aprobar los fondos y construir el muro en la frontera con México. La promesa bandera electoral de Trump exige una potente cifra de 5.700 millones de dólares, para construir algo que, según muchos, nada solucionará. Además, como muy enfáticamente dijo el Líder de los Demócratas en el Congreso, Chuck Schumer: “La democracia estadounidense no funciona de esa manera. Nosotros no gobernamos por rabietas”.
El actuar de Trump, lleno de exigencias y de amenazas, pareciera estar condicionado por eso, las rabietas. El problema se genera cuando estas afectan a las personas equivocadas. Alrededor de 800.000 empleados públicos serán perjudicados por el cierre de gobierno; algunos teniéndose que quedar en casa sin trabajar, y otros haciéndolo sin cobrar. Además -como bien reseña El País-, si bien Kevin Hassett, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, asegura que el cierre en las actividades gubernamentales no suele tener un impacto en la actividad económica, si se prolonga demasiado, como amenaza Trump, admite que podría tener un reflejo negativo en los próximos datos de desempleo. Es decir, más que en favor de ellos, resulta una medida que afecta a los estadounidenses.
Si el fin es proteger a los Estados Unidos y a su seguridad nacional, el medio empleado está fallando en justificarlo.
A todas estas, aquellos que sí deben seguir trabajando serán a quienes les competen los temas relacionados a la seguridad. Es decir, los funcionaros de aduana, el FBI, la policía antidroga, etcétera. Lo más curioso del caso es lo contradictorio que resulta el asunto. El gobierno cierra la Administración por no conseguir los fondos necesarios para la construcción de un muro. El principal argumento para la construcción del muro sería evitar la emigración ilegal y la llegada de “terroristas”. Pero, al mismo tiempo, el Departamento de Estado, en estadísticas publicadas en el 2017, aseguran que la totalidad de terroristas que ingresan a los Estados Unidos lo hacen a través de los aeropuertos, y ninguno por la frontera mexicana. De hecho, en sus propias palabras dice: “No hay evidencia creíble que indique que grupos terroristas internacionales hayan establecido bases en México, trabajen con carteles de droga mexicanos o hayan enviado a sus operarios a Estados Unidos a través de México”.Por ende, se debe “mejorar la seguridad en los aeropuertos”.
Entonces, si hacemos un silogismo básico, el ejercicio nos resultaría un tremendo absurdo. Si el fin es proteger a los Estados Unidos y a su seguridad nacional, el medio empleado está fallando en justificarlo. Porque aquellos empleados que han de seguir trabajando sin cobrar son los de seguridad aduanera -incluidos aeropuertos- quienes, según el informe que vimos- son los que tienen la labor real y ardua de mantener al país seguro de terroristas. Y, gracias al cierre del gobierno, muchos empleados sufren la desmoralización que conlleva trabajar sin cobrar, en ciertos casos llevándolos a ausentarse de su trabajo para poder ejercer algún otro que sí les garantice una retribución.
Es de Groucho Marx aquella genialidad que dice: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados”. La diferencia es que este personaje nunca se dedicó a la política, pese a que la llegara a entender mucho mejor que otros. Quizá fue por ello.
@NelsonTRangel
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Nelson Totesaut Rangel 