Caracas, 18 de Julio de 2021

Italia es un país curioso, sobre todo desde el punto de vista legislativo. Su parlamento, inmensamente burocrático, demora demasiado en discutir y aprobar las leyes. No sólo debido a una guerra de partidos constante que viene acompañada de cambios de bando regulares. Sino por sus 630 miembros, que lo hacían uno de los parlamentos más grande per capita del mundo. Esto, antes de la reforma del 2020, que redujo la cifra a 400.

Italia es un país que tiene países dentro. San Marino y el Vaticano son Estados soberanos que cohabitan dentro del territorio italiano. Cosa que lo hace aún más complejo. Ahora, el tema que nos atañe es la aprobación del decreto de ley “Zan” (DDL Zan, como le dicen allá), el cual resulta en una protección a la comunidad LGBT+. El mismo, contempla duras penas hacia aquellos que discriminen o agredan a alguien por su orientación sexual.

En este sentido, el país es mucho menos conservador de lo que se piensa, o al menos lo intenta ser. Por dar un ejemplo elocuente, la unión civil de personas del mismo sexo está contemplada desde el 2016. Situación que demoró, sobre todo debido a uno de los micro estados que conviven dentro de Italia: El Vaticano. Pero primero demos un poco de contexto.

La relación entre Vaticano y Estado italiano es compleja desde sus inicios. Desde la conquista de Roma y la unificación de Italia, los pontífices romanos han buscando influir definitoriamente en todo lo que sucede en la ciudad eterna. Así, fue Benito Mussolini quien hábilmente le otorgo ese pedazo de tierra a la Iglesia y, en 1929, fijó el primer concordato que haría, entre otras cosas, al catolicismo la religión de Estado de Italia. Es por ello que Mussolini pasaría a ser un “Hombre de la Providencia”, así llamado por la Santa Sede.

Con la caída de Mussolini y el inicio de la democracia, el concordato sobreviviría incólume durante 40 años. Esto, gracias a la democracia cristiana, que se resistirá a contrariar al heredero de San Pedro. Cosa que cambió con la llegada de los socialistas, que lo modificaron en 1984, creando un Estado laico.

Pese a ser un Estado laico, la Iglesia ha sido un poder complejo de manejar. Incluso hoy, en pleno 2021, el DDL Zan no ha quedado exenta de críticas por parte de la Iglesia. Por medio de una nota formal, la misma clama que la ley viola el artículo 2 del concordato de 1984. Artículo que, paradójicamente, contempla la prohibición a la discriminación. Y es que de esta manera, el Estado italiano podría penalizar a los sacerdotes que, durante la misa, pregonan la homofobia.

Al respecto, la mejor respuesta la tuvo el Presidente del Consejo, Mario Draghi, quien le recordó a la Iglesia que “Italia era un Estado laico”. Y es que resulta absurdo que la discusión de la ley interna de un país tenga que sufrir la oposición de otro Estado.

Una ley para explicar la ley.

En el mismo orden de ideas, la Camara de diputados ha presentado un proyecto de ley para redactar e ilustrar nuevamente las leyes. La intención del proyecto es facilitar el lenguaje para evitar la locución latina: “Ignorantia legis non excusar”, el desconocimiento de la ley no es excusa.

Se estima que la empresa cueste unos 500.000 euros, entre los lingüistas y los ilustradores que se deben contratar. Extraña usanza esa de invertir en simplificar las cosas, en vez de hacerlo en educar a la población. Al final, el problema no es entender el texto, es querer leerlo en primer lugar.

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