Caracas, 29 de agosto de 2021

Voy a confesar un delito, aunque no creo que sea del todo grave. El otro día, sin saber si nos encontrábamos en semana de cuarentena radical, cuarentena light, flexibilización relajada o flexibilización severa, salí a cenar con mi esposa. No soy un negacionista del COVID-19, todo lo contrario. Me he cuidado tremendamente, pese a haberme contagiado. El sitio parecía ideal: una terraza ventilada bajo las estrellas. ¿La ciudad? Pues con un flujo natural. Las alcabalas ya cesaron (felizmente) hace unas semanas, y la autopista llena de vehículos nos recordaban aquellos años previos a los traumáticos 2016, 2017, 2018 y 2019: en donde se vivía una metrópolis relativamente normal. Con inflación, inseguridad y demás, pero “normal” dentro de lo cabe.

Pues el delito fue haber ido a cenar sin saber que la semana era de “cuarentena radical”. O “radical flexible”, como ahora le llaman. Lo que permite que ciertos rubros trabajen, pero no la hostelería. El sitio al que fuimos se veía normal; de hecho, nunca pensamos que nos encontrábamos en semana de cuarentena. Y no podíamos saberlo, ya que el desempeño actual dista mucho de las severas normas que se cumplían (con relativa cabalidad) el año pasado.

Hasta que sucedió lo que nunca nos había pensamos nos ocurriría: apagón total de luces y música. Primero pensamos que el sitio estaba migrando de ambiente, ya que fuimos a las 19h a cenar y el apagón se dio a las 21h. Duró como hasta las 21:30h, nadie nos decía nada. Luego pensábamos que se trataba de un problema técnico eléctrico, lo que nos hizo concluir la cena bajo el romántico flash del celular. Al finalizar, pedimos la cuenta, cancelamos y preparamos nuestras pertenencias para desalojar. Inmediatamente de pie, mientras caminábamos hacia la salida, entró la Guardia Nacional, pidiendo, gentilmente, a los comensales que pagaran y se retiraran. Ahí nos enteramos en cuál semana nos encontramos.

El siguiente artículo, más allá de una confesión de un delito, no busca criticar ni a las fuerzas del orden ni a los restauradores que tratan de trabajar. Es una situación doblemente compleja: la que enfrentan los gobiernos que deben velar por el interés colectivo (considerando que la economía estancada genera pobreza en la sociedad) y la que enfrentan los particulares que han sufrido más de un año de pandemia sin poder trabajar. O triple, porque luego estamos nosotros, los que no prestamos un servicio al público, y buscamos inútilmente respirar un poquito de normalidad.

No sé qué habrá sido de los dueños del sitio y cuáles consecuencias enfrentarían. El caso es que todos éramos cómplices de una actitud errada, al menos conforme a la ley. El evento se sintió como un desafío a la realidad, una que no sabemos todavía si es justa o no. Como aquellos trece años de prohibición en los Estados Unidos, durante los cuales proliferaron los speak easy (establecimientos clandestinos) para hacer catarsis de manera ilegal.

Si alguna enseñanza nos dejó aquel tiempo (muy distinto al actual en su esencia) es que el dinero está en la calle y en el trabajar. Sin ganas de incitar la ilegalidad, es sólo una lección de la historia: es posible (como ha ocurrido) que las normas se acaten por un período corto. Luego, irremediablemente, ocurrirá lo que ya viene pasando: el actuar en la ilegalidad. Un amigo negacionista me comentaba a propósito que al público le gusta esa sensación: comer a oscuras, entrar por las cocinas, que te saquen las fuerzas del orden y sentir que se va en contra del sistema. Es decir, toda una adrenalina que no comparto.

El corte de los 80 mil

En mi caso fue un restaurante, pero ejemplos hay por doquier. Uno emblemático lo leí esta semana. Era sobre un peluquero en Como (norte de Italia) que estuvo trabajando violando ciertas normas anti-COVID. La nota de prensa no ofrecía mucho detalle, pero seguramente su establecimiento no cumplía con el espacio reglamentario para el distanciamiento social. Cosa que es bastante habitual en Italia, en donde los sitios suelen ser pequeños y acogedores, como el país entero.

Pues a este peluquero lo cerraron por cinco días y lo multaron con 81.261 euros. Cifra impactante para alguien que cobrará un promedio de 20 euros el corte. Es decir, necesitará trabajar mucho para poder pagar la multa. Claro, el tema es que tampoco puede hacerlo, ya que eso fue lo que inicialmente lo sancionó. Un laberinto entrampado es la situación actual.

@NelsonTRangel

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